La visita tenía cuatro objetivos principales: a) examinar las políticas macroeconómicas, incluidas las cuestiones relativas a la deuda, desde una perspectiva de derechos humanos; b) comprender en qué medida las rentas procedentes de la minería se traducen en políticas sociales y ambientales inclusivas y amplias que contribuyen a la realización progresiva de los derechos humanos y al desarrollo sostenible; c) evaluar las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir y combatir las corrientes financieras ilícitas y sus repercusiones en los derechos humanos; y d) examinar los préstamos para proyectos de infraestructura y minería y otras inversiones extranjeras directas desde una perspectiva de derechos humanos.