Las vulneraciones de derechos humanos cometidas por agentes de seguridad privados al servicio de empresas mineras, incluido el empleo de militares y compañías de seguridad particulares, requieren un esfuerzo más sólido de supervisión y rendición de cuentas por parte de los Estados, afirmó Chris Kwaja, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios. Kwaja presentó el informe del Grupo de Trabajo durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos.

“Además de las terribles consecuencias sobre la víctima y sus familiares, las represalias contra las personas que colaboran con las Naciones Unidas transmiten un mensaje escalofriante sobre lo que podría ocurrirles a los demás si hicieran lo mismo. Esa es la función que cumplen las represalias”, afirmó el Secretario General Adjunto para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour.